El Poder Judicial peruano es uno de los poderes del estado que la ciudadanía en general ve con desconfianza por la corrupción imperante: Durante el fujimorismo el desempeño de la justicia para rendir cuentas ha sido muy pobre debido principalmente, a la politización e injerencia del poder político sobre la judicatura -que vulneraban su independencia e imparcialidad-; y al hecho que el propio poder judicial no ha sido ajeno al fenómeno de la corrupción.

No se quiere generalizar que todos los jueces y magistrados sean, por defecto, corruptos. Ni mucho menos. Pero sí es cierto que el volumen de sobornos presente es lo suficientemente importante, en términos generales, como para interferir y distorsionar la calidad, eficacia y eficiencia del servicio público que se presta.

El gobierno de Toledo mejoró sustancialmente los salarios de jueces y magistrados tratando de solucionar uno de los catalizadores de la corrupción (pre-existencia de bajos salarios) y trató de potenciar los órganos de control del poder judicial incorporando miembros de la sociedad civil organizada en estos órganos, pero en general el desempeño en la administración de justicia siguió siendo deficitario.

Aunque el gobierno de Fujimori destinó recursos para efectuar reformas cuya incidencia repercutieron mayormente en el campo administrativo judicial y, posteriormente el gobierno del presidente Toledo asignó partidas presupuestales para aumentar el sueldo de jueces y magistrados, con la finalidad de evitar que estos sucumban en la tentación de la corrupción, sin embargo la población observa indignada que prácticamente poco o nada ha cambiado, pues reiteradamente la ciudadanía se informa que peligrosos secuestradores salen libres por “falta de pruebas”, que los procesos judiciales son lentos por lo que otros delincuentes ganan su libertad por exceso de detención sin sentencia, o que se les otorgue detención domiciliaria – distrayendo recursos humanos policiales en su custodia en lugares peligrosos y con altas probabilidades de fuga - y también lenidad en la aplicación de las sentencias, por lo que avezados delincuentes pronto están nuevamente en las calles continuando con su carrera delictiva y creando zozobra en la población.

En general la población tiene la percepción que la justicia es para los poderosos o los que pueden comprarla, y lamentablemente muchos delincuentes, producto de sus fechorías tienen dinero para torcer la mano de la ley.

Ante el clamor nacional de la necesidad de reformas, los altos funcionarios del Poder Judicial han defendido sus fueros para reformarse ellos mismos, defendiendo su autonomía y argumentando la defensa de la independencia de poderes. Eso está bien, pero al igual que en una empresa con problemas, la Junta de Accionistas y / o el Directorio a través de la Gerencia General contratan asesorías externas especializadas para efectuar las reingenierías necesarias, aquí también se requeriría que ante el clamor de cambios de la Junta de Accionistas que este caso sería el pueblo peruano, el directorio y la gerencia general, a la postre el ejecutivo y legislativo respectivamente en esta analogía ilustrativa, contraten a hombres notables de leyes, intachables, independientes (para evitar la politización) y con autoridad moral para que en un plazo determinado estudien y dentro de las capacidades presupuestales de la caja fiscal, propongan las mejores soluciones para reestructurar este anquilosado poder del estado.

¿Porqué sería necesario que un ente externo provisional proponga las medidas que deban tomarse?...Siguiendo con la analogía de una empresa, si los propios funcionarios se encargaran de efectuar los cambios requeridos, muchas veces estos no tienen idea de sus limitaciones y crearían recetas de solución bajo la óptica de esas limitaciones y que a la postre continuarían con la problemática o a veces empeoraría lo que se quiere potenciar.

También se daría el caso que los propios funcionarios encargados de reformarse disimulen sus falencias o debilidades por el temor a perder sus puestos de trabajo. Lo mismo sucedería en el entorno del poder judicial dando como resultado que se continúen con los problemas estructurales que los peruanos padecemos en el sistema de administración de justicia.

Ante este panorama se intuye que el problema no es necesariamente remunerativo ni de leyes, sino de personas y de aplicación de la ley. Ante el clamor ciudadano los políticos (Congreso de la República) reaccionan aumentando las penas, reformando algunos artículos del Código Penal pero que muchas veces colisionan con otras leyes dictadas anteriormente para los mismos delitos o figuras delictivas parecidas que pueden interpretarse de diferente manera y que tienen sanciones menores. Por lo tanto sobre este punto es necesario que el estado encargue a un conjunto de expertos penalistas para que también en un plazo determinado estudien la legislación penal, encontrando las incoherencias de leyes ante los diferentes tipos de delitos y crímenes, de tal forma que los jueces y fiscales tengan que aplicar necesariamente esas leyes revisadas y así evitar que los delincuentes se beneficien de resquicios legales para burlar la justicia, o minimizar sus sentencias.

Finalmente otro aspecto importante es potenciar los órganos de control, acabar con la provisionalidad y limpiar el poder judicial y el ministerio público de malos elementos que han caído bajo las garras de la corrupción, sin que esto signifique una intervención ni politización de ese poder del estado; pero es imprescindible que el nuevo gobierno actuando con transparencia y al mismo tiempo con energía, dentro de la democracia, efectúe las necesarias reformas en el Poder Judicial tendientes a lograr la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia.

El gobierno anterior creó el SERIAJUS que es una comisión especial que ha elaborado todo un proyecto de reforma integral del Poder Judicial, parte del cual ha comenzado ya a ejecutarse y a ponerse en marcha aunque lentamente. El problema es que los jueces no van a querer reformarse ellos mismos y acá lo que importa es que ese plan se aplique y que tiene que haber una voluntad política del nuevo gobierno de “tomar el toro por las astas” y .aplicar medidas drásticas para acabar con la corrupción del sistema de justicia.

Etiquetas: opinión, Perú